ARGENTINA Y EL FMI

  

 

En estos momentos nuestro país no tiene relaciones con el FMI luego de haber abonado la suma de casi 10.000 millones de dólares, incluyendo vencimientos a producirse más delante de este pago, de no aceptar monitoreos de las cuentas fiscales y de haber hecho reiteradas declaraciones muy críticas respecto a este organismo, muchas de ellas hartamente merecidas.

Era la intención de los países latinoamericanos, en su conjunto, el lograr de los miembros más poderosos un redimensionamiento del FMI, con el objeto de que su tarea influyera en mayor medida en el desarrollo de los países emergentes. Si esto se producirá o no está por verse. Algo se vislumbra en el futuro mediato ya que Brasil aparece como acreedor del fondo mediante el préstamo de 4.500 millones para invertir en las naciones más pobres.

Pero lo realmente importante luego de la reunión de G20 es que el fondo es ahora mucho más poderoso que antes. Las naciones más industrializadas han acordado aumentar el patrimonio del FMI en la friolera de 250.000 millones de dólares. Como se van a usar estos fondos es una incógnita pero ya algunos países como Méjico han obtenido créditos sustanciales.

Argentina recibirá por este incremento, le corresponde alrededor del 1% del capital, lo que se denominan derechos de giro, un asiento contable que aumentará las reservas nominales en aproximadamente 2.500 millones. Si se suma esta remesa al crédito contingente firmado con China, como prestamista de última instancia a utilizar si se necesita y por un valor de 10.000 millones, el Banco Central tiene un poder de fuego muy importante lo que hace imposible una corrida del dólar. Por lo menos hasta después de la elecciones de junio el dólar va a seguir siendo administrado por el BCRA sin problemas y cabe esperar un mercado muy tranquilo, con una mayor liquidación de exportaciones y con una disminución de las importaciones para mantener superavitaria la balanza comercial.

Puede Argentina aspirar a un mayor apoyo crediticio del FMI? Mientras continúe el aislamiento, las cifras estadísticas del INDEC en permanente conflicto y la inseguridad jurídica en materia institucional, definitivamente no. Veremos que pasa después de las elecciones y se existe la voluntad política de cambiar la actual situación.