Hace más de un año comenzamos a elaborar un ambicioso proyecto, plagado de desafíos y dificultades, esta semana hemos cumplido con el primer paso fundacional del mismo. Todo comenzó con un grupo de ciudadanos de Necochea y con el apoyo de algunas instituciones. Poco a poco y luego de largas reuniones, se fueron sumando esfuerzos que culminaron con la integración de cooperativistas de Tres Arroyos y Lobería. Lo que al principio pensamos como una entidad financiera cooperativa para nuestra ciudad se transformó en un proyecto regional. Así se realizó la Asamblea Constitutiva de la Caja de Crédito Cooperativa del Sudeste Ltda. y se comenzará el trabajo de lograr la aprobación del Banco Central para su funcionamiento.
Ya se está construyendo un edificio de dos plantas para la instalación de la caja, se han realizado los estudios preliminares que demuestran la factibilidad del proyecto y se están recibiendo las adhesiones para reunir los dos millones de pesos de capital inicial que habrá que depositar en una cuenta del Banco Central dentro de los sesenta días posteriores a la aprobación final de la documentación.
Se ha elegido un Consejo de Administración formado por once miembros y dos síndicos, todos profesionales universitarios porque el Banco Central exige idoneidad y experiencia, que representan a las instituciones más importantes de la región: las Municipalidades de Necochea y Lobería, las Cooperativas Eléctricas de Necochea y Tres Arroyos, la Cámara Comercial e Industrial, el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, el UATRE y de la Comisión Promotora que ha cesado en sus funciones
Estamos inspirados en el espíritu cooperativo y apuntamos a brindar servicio a un enorme sector de la población excluida por los bancos tradicionales, favorecer los emprendimientos productivos de pequeños inversores, redistribuir los ahorros de la zona en proyectos de desarrollo y contribuir a la cultura, la educación cooperativa, el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos y a la formación de líderes por la integración de jóvenes.
Ante la gran cantidad de signos negativos y desesperanzadores que nuestra sociedad recibe a diario, este proyecto emerge como una enorme apuesta a futuro que quizás tarde algunos años en desarrollarse en plenitud pero que estimamos va a trascender para la historia de la región.
Quines quieran informarse más sobre este tema pueden consultar nuestro blog : www.cccnecochea.blogspot.com
domingo 13 de diciembre de 2009
viernes 20 de noviembre de 2009
LA DONACIÓN DE ÓRGANOS, DAR VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE
Cuando se producen casos resonantes de trasplantes, la comunidad se ve convulsionada por las noticias que muestran los medios de comunicación. Tal es el caso de Sandro, en trasplante cardiopulmonar por un grave enfisema, y Pilar Chavez, en trasplante de hígado por una rara enfermedad llamada glucogenesis.
Pero es necesario hacer algunas precisiones con el fin de difundir la necesidad de donar órganos para que puedan seguir viviendo pacientes muy enfermos y que pueden ser curados.
Por cuarto año consecutivo se realizan en Argentina más de 1000 trasplantes anuales, es decir un promedio de más de tres diarios. Existen en lista de espera alrededor de 5800 pacientes afectados de diferentes patologías rogando por un donante. Los operativos de ablación y trasplante de órganos están coordinados por el INCUCAI a nivel nacional y por el CUCAIBA a nivel provincial que dirigen los operativos integrados por equipos multidisciplinarios muy numerosos. La eficiente intervención del estado ha terminado con la maledicencia popular que la donación de órganos podría convertirse en un negocio privado dedicado al comercio de los mismos.
Desde la sanción de la Ley del Donante Presunto, todos los habitantes del país son donantes salvo que hayan manifestado por escrito su negativa a serlo. La ley obliga también a los médicos de los institutos privados y públicos a informar en forma inmediata de la muerte de un posible donante, con el objeto de poner en marcha los operativos y esto muchas veces no se cumple, lo que obliga a un mayor control estatal al respecto. A veces sucede que la familia de un posible donante pone reparos a la ablación de los órganos lo que significa la intervención de un juez con la consiguiente demora que puede impedir el operativo. En cambio, si la persona en vida ha manifestado, por los canales que corresponde, su intención de ser donante nadie puede oponerse, por lo que es recomendable realizar el trámite de inscripción como donante para evitar problemas.
La muerte de un paciente en terapia se constata porque el cerebro deja de funcionar durante un período de tiempo lo que se determina por un electroencefalograma plano, es decir sin actividad. El cadáver es mantenido con condiciones especiales y el operativo se pone en marcha. De un muerto sano pueden derivar alrededor de diez órganos para trasplante, desde el más sencillo que es el de córneas que le devolverán la vista a un no vidente, hasta los más complejos como el mencionado para Sandro, pasando por el corazón, el hígado, los riñones, el intestino, ciertos tejidos, etc.
El 70 % de los trasplantes que se realizan en nuestro país son de pacientes renales. Cuando los riñones dejan de funcionar, por razones diversas, no se depura la sangre de las sustancias tóxicas que normalmente eliminamos por la orina. Estos pacientes pueden seguir viviendo una vida casi normal si se realizan diálisis de su sangre durante varias horas y cada día por medio, lo que elimina dichas toxinas. En estas condiciones entran en lista de espera para un trasplante y serán convocados por orden y por la evolución que tenga su enfermedad, algunos no llegan a recibir el riñón y mueren por el camino. En nuestra ciudad existe una ONG llamada Asociación de Pacientes Renales Crónicos (APREC) que realiza una tarea magnífica de difusión de la necesidad de donantes de órganos para trasplantes.
Hay que precisar que los trasplantados pueden llevar una vida normal siempre que se cuiden lo suficiente y que tomen un elevado número de medicamentos diarios que les son provistos en forma gratuita. Estos medicamentos son los llamados inmunosupresores que bajan las defensas del paciente a organismos extraños y que actuarían rechazando el órgano trasplantado. Pero, al tener disminuidas sus defensas, los pacientes se hacen más vulnerables a infecciones y enfermedades provenientes del medio externo. Por ello, serán pacientes crónicos a los que hay que apoyar y cuidar, pero habrán recuperado la posibilidad de seguir viviendo por años.
A los que lean este humilde artículo les sugerimos : SEAN DONANTES DE ÓRGANOS, PODRÁN DAR VIDA LUEGO DE SU MUERTE.
Pero es necesario hacer algunas precisiones con el fin de difundir la necesidad de donar órganos para que puedan seguir viviendo pacientes muy enfermos y que pueden ser curados.
Por cuarto año consecutivo se realizan en Argentina más de 1000 trasplantes anuales, es decir un promedio de más de tres diarios. Existen en lista de espera alrededor de 5800 pacientes afectados de diferentes patologías rogando por un donante. Los operativos de ablación y trasplante de órganos están coordinados por el INCUCAI a nivel nacional y por el CUCAIBA a nivel provincial que dirigen los operativos integrados por equipos multidisciplinarios muy numerosos. La eficiente intervención del estado ha terminado con la maledicencia popular que la donación de órganos podría convertirse en un negocio privado dedicado al comercio de los mismos.
Desde la sanción de la Ley del Donante Presunto, todos los habitantes del país son donantes salvo que hayan manifestado por escrito su negativa a serlo. La ley obliga también a los médicos de los institutos privados y públicos a informar en forma inmediata de la muerte de un posible donante, con el objeto de poner en marcha los operativos y esto muchas veces no se cumple, lo que obliga a un mayor control estatal al respecto. A veces sucede que la familia de un posible donante pone reparos a la ablación de los órganos lo que significa la intervención de un juez con la consiguiente demora que puede impedir el operativo. En cambio, si la persona en vida ha manifestado, por los canales que corresponde, su intención de ser donante nadie puede oponerse, por lo que es recomendable realizar el trámite de inscripción como donante para evitar problemas.
La muerte de un paciente en terapia se constata porque el cerebro deja de funcionar durante un período de tiempo lo que se determina por un electroencefalograma plano, es decir sin actividad. El cadáver es mantenido con condiciones especiales y el operativo se pone en marcha. De un muerto sano pueden derivar alrededor de diez órganos para trasplante, desde el más sencillo que es el de córneas que le devolverán la vista a un no vidente, hasta los más complejos como el mencionado para Sandro, pasando por el corazón, el hígado, los riñones, el intestino, ciertos tejidos, etc.
El 70 % de los trasplantes que se realizan en nuestro país son de pacientes renales. Cuando los riñones dejan de funcionar, por razones diversas, no se depura la sangre de las sustancias tóxicas que normalmente eliminamos por la orina. Estos pacientes pueden seguir viviendo una vida casi normal si se realizan diálisis de su sangre durante varias horas y cada día por medio, lo que elimina dichas toxinas. En estas condiciones entran en lista de espera para un trasplante y serán convocados por orden y por la evolución que tenga su enfermedad, algunos no llegan a recibir el riñón y mueren por el camino. En nuestra ciudad existe una ONG llamada Asociación de Pacientes Renales Crónicos (APREC) que realiza una tarea magnífica de difusión de la necesidad de donantes de órganos para trasplantes.
Hay que precisar que los trasplantados pueden llevar una vida normal siempre que se cuiden lo suficiente y que tomen un elevado número de medicamentos diarios que les son provistos en forma gratuita. Estos medicamentos son los llamados inmunosupresores que bajan las defensas del paciente a organismos extraños y que actuarían rechazando el órgano trasplantado. Pero, al tener disminuidas sus defensas, los pacientes se hacen más vulnerables a infecciones y enfermedades provenientes del medio externo. Por ello, serán pacientes crónicos a los que hay que apoyar y cuidar, pero habrán recuperado la posibilidad de seguir viviendo por años.
A los que lean este humilde artículo les sugerimos : SEAN DONANTES DE ÓRGANOS, PODRÁN DAR VIDA LUEGO DE SU MUERTE.
miércoles 11 de noviembre de 2009
sábado 31 de octubre de 2009
EL DECRETO DE ASIGNACIÓN POR HIJO
La Presidenta anunció un Decreto de Necesidad y Urgencia asignando una suma mensual de $ 180 por hijo para familias de desocupados o trabajadoras informales que no reciban asignaciones familiares. Hay que aplaudir que el Gobierno Nacional haya recogido los reclamos de la oposición y de la Iglesia para tomar una medida que no resuelve la pobreza pero que sirve para combatirla. Pero hay muchas dudas en cuanto a sus motivaciones e implementación y las expongo para que se me corrija si no estoy en lo cierto:
-Quizás hubiera sido más conveniente aprobar una ley enviando el proyecto al Congreso para darle más estabilidad a la resolución y con el objeto de reconocer a aquellos legisladores que presentaron muchos proyectos en esta sentido. Es probable que este proyecto, así como está no hubiera sido aprobado por los circunstanciales aliados del gobierno en el arco del centro izquierda.
-La asignación no es universal sino focalizada a un sector que es el más desprotegido y la oposición supone que se prestará al clientelismo. Hay que esperar la reglamentación para ver como se va a implementar y como se van a solucionar problemas como los niños indocumentados que abundan en los sectores más marginales.
-La financiación provendrá del ANSES que hasta ahora actuaba como gran prestamista del estado a tasas muy bajas pero contra la emisión de letras, los $ 10.000 millones que se calcula costará el sistema no tienen retorno y se transforman en un gasto. Este dinero saldrá de los rendimientos del Fondo de Garantía Previsional que incluye los excedentes del sistema y los fondos traspasados de las AFJP, cuya ley de estatización prohíbe la utilización de los mismos para fines ajenos al sistema de jubilaciones.
-El gobierno ha desechado la idea de gravar la renta financiera y las ganancias de transferencias de capital, como acciones y propiedades, que era parte de la propuesta opositora para financiar el sistema. Recurre al método más simple, muy repetido a lo largo de nuestra historia para mal de la clase pasiva, tomar los fondos de las Cajas Jubilatorias para otros fines.
-Aquellas familias que cobren planes asistenciales como el Plan Familias y el Plan Jefes deberán optar por adherirse a este nuevo plan y al caerse los planes mencionados el estado se va a ahorrar alrededor de $ 5.000 millones que podrá utilizar para otros gastos , lo que equivale a una subvención por parte del ANSES sin retorno.
-No está claro el mecanismo que se adoptará para la declaración jurada que deberán presentar los trabajadoras informales para demostrar que ganan menos de $ 1.500 mensuales, tope por encima del cual se pierde el derecho. Tampoco se sabe si ésta no será una forma de actuar en contra de los empleadores que no hayan regularizado su personal.
Quien escribe estas líneas está de acuerdo con el subsidio a la niñez desprotegida, pero se pregunta si no es posible darse cuenta que el 80 % de los jubilados ganan la mínima, muy por debajo de la línea de pobreza, que el estado no cumple con los reajustes que la Suprema Corte le impuso en el famoso caso Badaro y por el que se espera una catarata de juicios y que la desfinanciación del Fondo mencionado pone en riesgo las futuras jubilaciones.
Luego de 38 años de aportes a la categoría profesional, jubilado como autónomo, recibo mensualmente cien pesos más que la mínima. Si hay tanto superavit en el ANSES, no es hora que se reajusten estos valores y que el estado combata la pobreza con recursos provenientes de impuestos adicionales a los que más ganan?
-Quizás hubiera sido más conveniente aprobar una ley enviando el proyecto al Congreso para darle más estabilidad a la resolución y con el objeto de reconocer a aquellos legisladores que presentaron muchos proyectos en esta sentido. Es probable que este proyecto, así como está no hubiera sido aprobado por los circunstanciales aliados del gobierno en el arco del centro izquierda.
-La asignación no es universal sino focalizada a un sector que es el más desprotegido y la oposición supone que se prestará al clientelismo. Hay que esperar la reglamentación para ver como se va a implementar y como se van a solucionar problemas como los niños indocumentados que abundan en los sectores más marginales.
-La financiación provendrá del ANSES que hasta ahora actuaba como gran prestamista del estado a tasas muy bajas pero contra la emisión de letras, los $ 10.000 millones que se calcula costará el sistema no tienen retorno y se transforman en un gasto. Este dinero saldrá de los rendimientos del Fondo de Garantía Previsional que incluye los excedentes del sistema y los fondos traspasados de las AFJP, cuya ley de estatización prohíbe la utilización de los mismos para fines ajenos al sistema de jubilaciones.
-El gobierno ha desechado la idea de gravar la renta financiera y las ganancias de transferencias de capital, como acciones y propiedades, que era parte de la propuesta opositora para financiar el sistema. Recurre al método más simple, muy repetido a lo largo de nuestra historia para mal de la clase pasiva, tomar los fondos de las Cajas Jubilatorias para otros fines.
-Aquellas familias que cobren planes asistenciales como el Plan Familias y el Plan Jefes deberán optar por adherirse a este nuevo plan y al caerse los planes mencionados el estado se va a ahorrar alrededor de $ 5.000 millones que podrá utilizar para otros gastos , lo que equivale a una subvención por parte del ANSES sin retorno.
-No está claro el mecanismo que se adoptará para la declaración jurada que deberán presentar los trabajadoras informales para demostrar que ganan menos de $ 1.500 mensuales, tope por encima del cual se pierde el derecho. Tampoco se sabe si ésta no será una forma de actuar en contra de los empleadores que no hayan regularizado su personal.
Quien escribe estas líneas está de acuerdo con el subsidio a la niñez desprotegida, pero se pregunta si no es posible darse cuenta que el 80 % de los jubilados ganan la mínima, muy por debajo de la línea de pobreza, que el estado no cumple con los reajustes que la Suprema Corte le impuso en el famoso caso Badaro y por el que se espera una catarata de juicios y que la desfinanciación del Fondo mencionado pone en riesgo las futuras jubilaciones.
Luego de 38 años de aportes a la categoría profesional, jubilado como autónomo, recibo mensualmente cien pesos más que la mínima. Si hay tanto superavit en el ANSES, no es hora que se reajusten estos valores y que el estado combata la pobreza con recursos provenientes de impuestos adicionales a los que más ganan?
jueves 15 de octubre de 2009
sábado 12 de septiembre de 2009
LA MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS
Desde hace muchos años los farmacéuticos venimos denunciando un circuito ilegal de medicamentos que se evidencia para la población en general en la venta de esos productos en lugares no habilitados sin que se tomen medidas para evitarlo. En este circuito confluyen medicamentos robados por los piratas del asfalto, medicamentos adulterados o falsificados y algunos vencidos cuya fecha de vencimiento se modifica. Las cifras oficiales concuerdan que aproximadamente el 8 % de los remedios en uso son falsificados, es decir no tienen el debido control de calidad. Algunas veces se lee en las noticias policiales que se produjo la clausura de algún laboratorio clandestino pero esto no es suficiente. Mucha gente no comprende que el consumir medicamentos sin el debido control de calidad pone en riesgo su salud o, lo que es más, su vida.
En los últimos años se puso de moda en los grandes centros urbanos la apertura de droguerías, algunas legales con un profesional a cargo y otras sin estar autorizadas que se transformaron en proveedores directos de las obras sociales, sin intervención de las farmacias habilitadas. Estas droguerías se especializaron en los tratamientos más caros para enfermedades como el cáncer, la hemofilia o el SIDA. Las obras sociales no cubren en forma directa estos tratamientos, sino que lo hacen por intermedio del Ministerio de Salud en un sistema manejado por la Superintendencia de Prestaciones a la que facturan y el estado le paga directamente a las droguerías o a las obras sociales que cancelan la facturación. Hasta aquí un negocio cuestionable por la discrecionalidad de las contrataciones pero aparentemente legal.
La primer denuncia de la Lic. Graciela Ocaña fue contra la Obra Social del Ministerio de Economía porque se probó que las recetas por remedios oncológicos que el estado había pagado de acuerdo a dicha norma eran para pacientes sanos que nunca habían sufrido de cáncer y los troqueles necesarios para la facturación eran falsificados o correspondían a medicamentos vencidos que no habían sido administrados.
Sobreviene, entonces, el triple crimen de Gral. Rodríguez en el que son asesinados tres jóvenes empresarios relacionados con esta metodología y con el tráfico de efedrina, precursor de la metanfetamina, que se exportaba a Méjico. Allí se descubre que los muertos eran aportantes a la campaña presidencia de 2007 y el titular de la Superintendencia y a la vez tesorero de dicha campaña, Héctor Capaccioli, es despedido de su cargo.
El año pasado la ex ministra se opone a la firma de un fideicomiso entre el Banco Provincia y la Asociación Bancaria para la compra en forma directa de los remedios antes mencionados a la Droguería San Javier de propiedad de Néstor Lorenzo, famoso ya por haber sido involucrado en la leche en mal estado que el gobierno de Carlos Menem compró, causa que prescribió porque la justicia no activó el expediente. Un recurso judicial ante la negativa de Ocaña permitió cerrar el negocio y Juan José Zanola contrató con Lorenzo en forma directa.
Pero el tema se complica aún más porque ante denuncias de empleados bancarios el Juez Oyharbide descubre que la Droguería San Javier manejaba medicamentos vencidos, encontrados en el Centro de Oncología de Gonet, adulteraba los envases y los rellenaba y los pacientes no recibían la medicación que el estado abonaba. Dos funcionarios de alto rango del gobierno provincial son despedidos por el Dr. Claudio Zin, Ministro de Salud de la Provincia, y se inicia una investigación que tiene su conexión con el Centro de Oncología porque la provincia había nombrado directores luego del retiro del Dr. Mainetti. Además se prueba la relación de Lorenzo con los asesinados en el triple crimen mencionado antes y el aporte de un millón de pesos por parte de sus socios a la campaña del 2007.
Podríamos seguir añadiendo datos pero la nota sería demasiado extensa. Vale la pena reflexionar sobre lo que está ocurriendo. ¿Qué le pasa a nuestro amado país para que hayamos caído tan bajo? No se puede calificar el delito aberrante de los drogueros con complicidad de sindicalistas y funcionarios ya que se han enriquecido con fraudes y coimas, pero ahora lo hacen con la vida de los pacientes. Dijo el Jefe de Gabinete, Dr. Aníbal Fernández, que llegarán hasta el final de la investigación.¿Será posible creerle?
Fue la única voz que se oyó desde el gobierno para tamaño escándalo.
Como dirían los abogados: PROVEER DE CONFROMIDAD SERÁ JUSTICIA.
En los últimos años se puso de moda en los grandes centros urbanos la apertura de droguerías, algunas legales con un profesional a cargo y otras sin estar autorizadas que se transformaron en proveedores directos de las obras sociales, sin intervención de las farmacias habilitadas. Estas droguerías se especializaron en los tratamientos más caros para enfermedades como el cáncer, la hemofilia o el SIDA. Las obras sociales no cubren en forma directa estos tratamientos, sino que lo hacen por intermedio del Ministerio de Salud en un sistema manejado por la Superintendencia de Prestaciones a la que facturan y el estado le paga directamente a las droguerías o a las obras sociales que cancelan la facturación. Hasta aquí un negocio cuestionable por la discrecionalidad de las contrataciones pero aparentemente legal.
La primer denuncia de la Lic. Graciela Ocaña fue contra la Obra Social del Ministerio de Economía porque se probó que las recetas por remedios oncológicos que el estado había pagado de acuerdo a dicha norma eran para pacientes sanos que nunca habían sufrido de cáncer y los troqueles necesarios para la facturación eran falsificados o correspondían a medicamentos vencidos que no habían sido administrados.
Sobreviene, entonces, el triple crimen de Gral. Rodríguez en el que son asesinados tres jóvenes empresarios relacionados con esta metodología y con el tráfico de efedrina, precursor de la metanfetamina, que se exportaba a Méjico. Allí se descubre que los muertos eran aportantes a la campaña presidencia de 2007 y el titular de la Superintendencia y a la vez tesorero de dicha campaña, Héctor Capaccioli, es despedido de su cargo.
El año pasado la ex ministra se opone a la firma de un fideicomiso entre el Banco Provincia y la Asociación Bancaria para la compra en forma directa de los remedios antes mencionados a la Droguería San Javier de propiedad de Néstor Lorenzo, famoso ya por haber sido involucrado en la leche en mal estado que el gobierno de Carlos Menem compró, causa que prescribió porque la justicia no activó el expediente. Un recurso judicial ante la negativa de Ocaña permitió cerrar el negocio y Juan José Zanola contrató con Lorenzo en forma directa.
Pero el tema se complica aún más porque ante denuncias de empleados bancarios el Juez Oyharbide descubre que la Droguería San Javier manejaba medicamentos vencidos, encontrados en el Centro de Oncología de Gonet, adulteraba los envases y los rellenaba y los pacientes no recibían la medicación que el estado abonaba. Dos funcionarios de alto rango del gobierno provincial son despedidos por el Dr. Claudio Zin, Ministro de Salud de la Provincia, y se inicia una investigación que tiene su conexión con el Centro de Oncología porque la provincia había nombrado directores luego del retiro del Dr. Mainetti. Además se prueba la relación de Lorenzo con los asesinados en el triple crimen mencionado antes y el aporte de un millón de pesos por parte de sus socios a la campaña del 2007.
Podríamos seguir añadiendo datos pero la nota sería demasiado extensa. Vale la pena reflexionar sobre lo que está ocurriendo. ¿Qué le pasa a nuestro amado país para que hayamos caído tan bajo? No se puede calificar el delito aberrante de los drogueros con complicidad de sindicalistas y funcionarios ya que se han enriquecido con fraudes y coimas, pero ahora lo hacen con la vida de los pacientes. Dijo el Jefe de Gabinete, Dr. Aníbal Fernández, que llegarán hasta el final de la investigación.¿Será posible creerle?
Fue la única voz que se oyó desde el gobierno para tamaño escándalo.
Como dirían los abogados: PROVEER DE CONFROMIDAD SERÁ JUSTICIA.
miércoles 26 de agosto de 2009
REPÚBLICA Y FEDERALISMO
Nuestra nación está organizada sobre la base de un sistema republicano y federal. ¿Es esta afirmación cierta?
Para que podamos considerar nuestro sistema como verdaderamente republicano debe existir una real independencia de los tres poderes que constituyen el estado y tenemos demasiados ejemplos de circunstancias que nos hacen dudar de este precepto. En un sistema hiperpresidencialista, donde las facultades del primer mandatario le permiten fijar los períodos de sesiones del congreso y los temarios a tratar durante varios meses del año, dictar indultos o conmutación de penas y controlar las finanzas por delegaciones del congreso, la independencia del poder legislativo y de los jueces es relativa.
Si una ley, independientemente de su contenido, es aprobada por unanimidad por ambas cámaras se convierte en la opinión de los representantes de pueblo (los diputados) y de las provincias (los senadores). Si el presidente la veta, tiene el derecho constitucional, está violando la representatividad del congreso.
El veto a la ley de protección de los glaciares y el del artículo 4 de la ley de emergencia agropecuaria son ejemplos de esta afirmación. Cuando el poder ejecutivo dictamina que una ley es inaplicable está remarcando que la tarea desarrollada por los representantes ha sido incorrecta. Y cuando los representantes admiten que votaron una ley sin haberla leído el descrédito es aún mayor.
Quizás hubiera sido menos conflictivo el lograr, mediante una redacción consensuada, una reglamentación que subsanara errores y que nos evitara un nuevo conflicto de dos poderosos enfrentados que ponen a toda la ciudadanía en problemas: los productores rurales que acusan al gobierno de monarquía y los que gobiernan que no reconocen los problemas que vive el interior del país con la paralización del campo.
Los que no tenemos ni una maceta sembrada con perejil y que no tenemos ningún poder seguiremos viviendo esta desmesura y esta enfrentamiento que lleva más de un año y que nos afecta a todos.
El federalismo se basa en la independencia económica de las provincias y para ello se necesita una distribución de los impuestos de acuerdo a las normas constitucionales y al uso y costumbre de la aplicación de las leyes de coparticipación. Si el gobierno central se queda con el 70 % de los impuestos y distribuye los fondos de acuerdo a su interés económico y político, las provincias se ven ahogadas, entran en déficit, solicitan el no cumplimiento de las leyes de responsabilidad fiscal y tienen problemas para pagar los salarios de los empleados públicos y para cancelar compromisos fundamentales para la financiación de la obra publica. El hiperpresidencialismo transforma nuestro sistema en unitario y centralista.
Concluimos que mucho nos falta para cumplir adecuadamente con una respuesta afirmativa a la pregunta del comienzo. Y debemos agregar que la población está harta del clima de irritación, de agravios, de malas palabras, de actitudes soberbias de los unos y de los otros. Nótese que en este texto he evitado el uso de las mayúsculas que las normas imponen, es que es muy minúsculo el respeto que merece gran parte de nuestra dirigencia,
Para que podamos considerar nuestro sistema como verdaderamente republicano debe existir una real independencia de los tres poderes que constituyen el estado y tenemos demasiados ejemplos de circunstancias que nos hacen dudar de este precepto. En un sistema hiperpresidencialista, donde las facultades del primer mandatario le permiten fijar los períodos de sesiones del congreso y los temarios a tratar durante varios meses del año, dictar indultos o conmutación de penas y controlar las finanzas por delegaciones del congreso, la independencia del poder legislativo y de los jueces es relativa.
Si una ley, independientemente de su contenido, es aprobada por unanimidad por ambas cámaras se convierte en la opinión de los representantes de pueblo (los diputados) y de las provincias (los senadores). Si el presidente la veta, tiene el derecho constitucional, está violando la representatividad del congreso.
El veto a la ley de protección de los glaciares y el del artículo 4 de la ley de emergencia agropecuaria son ejemplos de esta afirmación. Cuando el poder ejecutivo dictamina que una ley es inaplicable está remarcando que la tarea desarrollada por los representantes ha sido incorrecta. Y cuando los representantes admiten que votaron una ley sin haberla leído el descrédito es aún mayor.
Quizás hubiera sido menos conflictivo el lograr, mediante una redacción consensuada, una reglamentación que subsanara errores y que nos evitara un nuevo conflicto de dos poderosos enfrentados que ponen a toda la ciudadanía en problemas: los productores rurales que acusan al gobierno de monarquía y los que gobiernan que no reconocen los problemas que vive el interior del país con la paralización del campo.
Los que no tenemos ni una maceta sembrada con perejil y que no tenemos ningún poder seguiremos viviendo esta desmesura y esta enfrentamiento que lleva más de un año y que nos afecta a todos.
El federalismo se basa en la independencia económica de las provincias y para ello se necesita una distribución de los impuestos de acuerdo a las normas constitucionales y al uso y costumbre de la aplicación de las leyes de coparticipación. Si el gobierno central se queda con el 70 % de los impuestos y distribuye los fondos de acuerdo a su interés económico y político, las provincias se ven ahogadas, entran en déficit, solicitan el no cumplimiento de las leyes de responsabilidad fiscal y tienen problemas para pagar los salarios de los empleados públicos y para cancelar compromisos fundamentales para la financiación de la obra publica. El hiperpresidencialismo transforma nuestro sistema en unitario y centralista.
Concluimos que mucho nos falta para cumplir adecuadamente con una respuesta afirmativa a la pregunta del comienzo. Y debemos agregar que la población está harta del clima de irritación, de agravios, de malas palabras, de actitudes soberbias de los unos y de los otros. Nótese que en este texto he evitado el uso de las mayúsculas que las normas imponen, es que es muy minúsculo el respeto que merece gran parte de nuestra dirigencia,
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