La Presidenta anunció un Decreto de Necesidad y Urgencia asignando una suma mensual de $ 180 por hijo para familias de desocupados o trabajadoras informales que no reciban asignaciones familiares. Hay que aplaudir que el Gobierno Nacional haya recogido los reclamos de la oposición y de la Iglesia para tomar una medida que no resuelve la pobreza pero que sirve para combatirla. Pero hay muchas dudas en cuanto a sus motivaciones e implementación y las expongo para que se me corrija si no estoy en lo cierto:
-Quizás hubiera sido más conveniente aprobar una ley enviando el proyecto al Congreso para darle más estabilidad a la resolución y con el objeto de reconocer a aquellos legisladores que presentaron muchos proyectos en esta sentido. Es probable que este proyecto, así como está no hubiera sido aprobado por los circunstanciales aliados del gobierno en el arco del centro izquierda.
-La asignación no es universal sino focalizada a un sector que es el más desprotegido y la oposición supone que se prestará al clientelismo. Hay que esperar la reglamentación para ver como se va a implementar y como se van a solucionar problemas como los niños indocumentados que abundan en los sectores más marginales.
-La financiación provendrá del ANSES que hasta ahora actuaba como gran prestamista del estado a tasas muy bajas pero contra la emisión de letras, los $ 10.000 millones que se calcula costará el sistema no tienen retorno y se transforman en un gasto. Este dinero saldrá de los rendimientos del Fondo de Garantía Previsional que incluye los excedentes del sistema y los fondos traspasados de las AFJP, cuya ley de estatización prohíbe la utilización de los mismos para fines ajenos al sistema de jubilaciones.
-El gobierno ha desechado la idea de gravar la renta financiera y las ganancias de transferencias de capital, como acciones y propiedades, que era parte de la propuesta opositora para financiar el sistema. Recurre al método más simple, muy repetido a lo largo de nuestra historia para mal de la clase pasiva, tomar los fondos de las Cajas Jubilatorias para otros fines.
-Aquellas familias que cobren planes asistenciales como el Plan Familias y el Plan Jefes deberán optar por adherirse a este nuevo plan y al caerse los planes mencionados el estado se va a ahorrar alrededor de $ 5.000 millones que podrá utilizar para otros gastos , lo que equivale a una subvención por parte del ANSES sin retorno.
-No está claro el mecanismo que se adoptará para la declaración jurada que deberán presentar los trabajadoras informales para demostrar que ganan menos de $ 1.500 mensuales, tope por encima del cual se pierde el derecho. Tampoco se sabe si ésta no será una forma de actuar en contra de los empleadores que no hayan regularizado su personal.
Quien escribe estas líneas está de acuerdo con el subsidio a la niñez desprotegida, pero se pregunta si no es posible darse cuenta que el 80 % de los jubilados ganan la mínima, muy por debajo de la línea de pobreza, que el estado no cumple con los reajustes que la Suprema Corte le impuso en el famoso caso Badaro y por el que se espera una catarata de juicios y que la desfinanciación del Fondo mencionado pone en riesgo las futuras jubilaciones.
Luego de 38 años de aportes a la categoría profesional, jubilado como autónomo, recibo mensualmente cien pesos más que la mínima. Si hay tanto superavit en el ANSES, no es hora que se reajusten estos valores y que el estado combata la pobreza con recursos provenientes de impuestos adicionales a los que más ganan?
